Anda que es mentira

ECONOMÍA: CRECER PARA REDUCIR Y REDUCIR PARA CRECERAhogados por la crisis económica, ciudadanos de todo el mundo piden a sus países y a las organizaciones en las que están integrados soluciones palpables para mantener lo conseguido con sudor y esfuerzo o bien para sobrevivir. En medio de la confusión, mal detectada y mal solucionada, el ciudadano aprende un poco cada día del nuevo orden a imponer y no da crédito a la expansión del mal en beneficio solo de unos pocos ocultos que ajenos a la democracia y a la justicia social arremeten por medios electrónicos y otros contra Estados y ciudadanos aprovechando la deficiente calidad y capacidad de los presupuestos públicos.Aunque no es la primera vez que “el mundo” se enfrenta a una grave crisis económica, esta parece tener un entorno y una dimensión diferentes y que la hacen más difícil. El entorno esta relacionado con el origen que por conocido puede ser tratado, la dimensión en cambio, es como las nefastas burbujas, cuanto más se habla y cuanto menos se hace, más se expande cunado el mercado de inversión toma conciencia de sus posibilidades y actúa en provecho propio. Es el otro aprovechamiento de la crisis, el deficientemente tratado. La relación entre Estado y Bancos ha sido y es platónica, se han dejado querer porque se han necesitado lo que les ha permitido compartir mucho. Pero los grandes amores también pueden tener sus crisis y hoy asistimos a la de tan singular “pareja”. Sabemos que las leyes civiles y, en concreto, las específicas de separación y divorcio contienen claras normas a seguir cuando la relación se rompe aunque sea temporalmente. Sin duda los temas económicos son de los primeros en aparecer. El destino de los hijos también es objeto de atención preferente conllevando cuidados comunes que de facto suponen la aparición de nuevas relaciones entre las partes. Todo se encauza mediante convenios detallados que se ponen en manos de sus señorías para ratificación. La ruptura de la relación entre Estado y entidades financieras es más compleja y no se resuelve por la vía de un convenio singular. De entrada porque esta unión no es cosa de dos, hay más partes implicadas donde triunfan las teorías de Ihering sobre el conflicto de interés y donde, consiguientemente, unos se van a seguir queriendo mientras que otros, con pensamientos diferentes, no tienen ni la opción de separarse. Así la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, quiere hacer cosas, adoptar medidas, pero le cuesta porque el amor subsiste. Hay un compromiso de origen que permite un No a la Constitución Europea y un Si a los Bancos y a sus medios de gestión En España, durante la última legislatura, se ha actuado sobre las cajas de ahorros que han perdido funciones, se han fusionado y han generado entidades bancarias, pero los bancos solo se ven afectados por normas referentes a la publicidad de producto y a la, solvencia de la clientela a cambio de recibir millones de euros públicos (de todos los que pagan impuestos y sufren recortes) para salvar su credibilidad funcional y también, dígase, las importantes remuneraciones de sus dirigentes. Y en este contexto, en los últimos años, las entidades bancarias han anunciado beneficios que no se corresponden ni con beneficios ni con devoluciones al “cónyuge” Estado. /CRECER PARA REDUCIR. Los Estados han crecido y quieren seguir creciendo a lo grande (más olimpiadas), sin tener el pleno control interno y externo de sus actos y compromisos pero intuyendo siempre ventajas, las que le aseguran los empresarios con capacidad y complicidad. El tenemos porque nos prestan y porque vamos a mejorar la recaudación ha funcionado mientras el enlace con las entidades financieras ha ido bien y existía la capacidad de las entidades financieras para generar crédito y asumir, con interés, la deuda pública por gastos extraordinarios y parte de los ordinarios; lástima de función interventora. Se ha crecido para reducir porque como se dice no se puede gastar lo que no se tiene ni se puede tener. Consúltese a los simpatizantes de Keynes teniendo en cuenta que los hechos ya eran notorios mucho antes de la adopción de medidas, entre otras situaciones porque los ingresos ya se agotaban desde hace tiempo antes de finalizar el año. Cuando a un cónyuge solvente se le pide vender sus joyas lo más común es que se niegue a hacerlo porque quiere conservar las recibidas por herencia, preferirá cerrar el grifo a su partener que sobreendeudado. Los pantalones, en sentido figurado y en esta singular relación, los lleva puestos aquel que cierra el grifo, que consigue dinero público para sanearse, que esta detrás de las empresas inmobiliarias y constructoras más importantes, que participa en agencias de calificación y que se mueve, como intermediario o parte, en el mundo de los Mercados. Es decir, aquel que abre y cierra el círculo. El cónyuge desfavorecido por la situación promueve, no obstante, su amor y todo y tener el poder normativo, no quiere – tal vez no puede o no sabe- enfrentarse al otro, al padre de la globalización. En este sentido, el FMI reconoce que uno de los efectos de la globalización “ha sido el rápido crecimiento de las corrientes internacionales de capital privado (yo añadiría el público), es decir, de inversiones y préstamos de un país a otro, produciendo beneficios económicos pero exponiendo a los países a crisis de confianza cuando las entradas de capital se han convertido súbitamente en salidas”. Crecer desordenadamente lleva ahora a reducir con el fin de poder hacer frente a deudas y nuevas inversiones y, así, recuperar la confianza pérdida de los Mercados, más soberanos que los ciudadanos y sus Parlamentos, y, con ello, a estimular el crecimiento. Todo ello con buenas promesas y prometedoras aspiraciones sin transparencia (para cuando esta Ley) y sin apelar a una gestión presupuestaria basada en el principio de la diligencia del buen padre de familia y en la confección, de una vez por todas, de unos presupuestos públicos justos, convincentes y seguros, como la acción de gobierno subsiguiente. En época de crisis, la diligencia obliga a no gastar lo que no se tiene y menos lo que no se ha previsto ni se ha presupuestado, los políticos deben de cerrar la boca y no comprometer gasto por pequeño que sea, los interventores deben asegurar la ejecución del presupuesto en los términos aprobados por el poder legislativo, los jueces deben tutelar el correcto cumplimiento de los pactos presupuestarios entre Sociedad y Estado entre los cuales, los créditos extraordinarios, las generaciones de crédito e incluso las transferencias de créditos deben ser reducidos a la máxima expresión: solo en caso de urgencia y siempre dependiendo de la evolución de los ingresos. /REDUCIR PARA CRECER. Si el origen de la reducción se explica en parte por una menor recaudación cómo es posible aprobar presupuestos en los que no se recoja esa menor recaudación., ¿Se miente o, tal vez, no se explica? Y, en caso de más o nuevos ingresos, de recortes en función pública, de menos inversión…¿A dónde van a parar los recursos que conllevan?, pensaremos que ¿al pago de la deuda pública?, pero es que este hecho incluyendo la nueva deuda pública a emitir ¿no está previsto en los presupuestos?. Por todo esto, por el valor normativo de las leyes presupuestarias, por el alcance anual de las mismas he defendido que actuaciones como la reducción salarial de funcionarios está mal justificada legalmente y mucho menos para hacerlo por la vía del Decreto-Ley. Ahora, en Catalunya, se ha hecho pública una nueva reducción de complementos salariales para el año 2012 mientras que se ha conocido algún gasto en lotes de navidad en cierto organismo, o el uso del nepotismo con la entrada de familiares de altos cargos, o se profundiza en la cooperación internacional al desarrollo y se eleva el gasto en nuevas tecnologías y en otros extremos que no vienen al caso citar porque lo que realmente se pretende destacar es que estas decisiones no garantizan un presupuesto “convincente” y menos en época de crisis. / ALGUNAS SOLUCIONES. Obviamente quien escribe no las tiene aunque las padece, pero si que puede citar algunos sectores o aspectos que necesitan de una atención con efectos diferentes para la crisis. En primer lugar, se necesita un nuevo replanteamiento de la naturaleza jurídica de las entidades bancarias pues, creo, sinceramente, que son unas entidades privadas con claras funciones públicas desempeñan y en este sentido no parece justo que tengan un menor control público que las federaciones deportivas. El reconocimiento de ejercicio de funciones públicas afecta a su naturaleza jurídica y puede comportar un cambio sustancial en el funcionamiento, la organización y la estructuración de estas entidades. Se mejorarían aspectos relacionados con la rendición de cuentas, la supervisón a cargo de la Intervención del Estado, el nombramiento y cese de sus dirigentes y la regulación de sus honorarios como pasa con notarios y registradores. También, permitiría una regulación armonizada de las comisiones bancarias. En segundo lugar, debe de encontrarse una solución jurídica al tema de los impagos de hipotecas y evitar sus dolorosos efectos sobre las familias; la solución debe tutelar el derecho a la vivienda constitucionalmente garantizado. Si se acepta que la consecuencia de no pagar es que se puede perder patrimonio, también hay que asumir, jurídicamente, que desde hace muchos años el legislador es consciente de que hay bienes inembargables y, lamentablemente, este hecho no ha sido objeto de justa actualización. Se habla de la dación en pago como un medio para poner fin a la deuda. La medida es una solución a medias porque no atiende el núcleo del derecho constitucional a la vivienda. Tampoco aplacará al embargado por deudas menores y que lleve años pagando y, a veces, liquidando sólo o mayoritariamente intereses. Sugiero que se analice la fórmula del arrendamiento financiero forzoso mediante el cual, entidad bancaria y deudor, el deudor pueda solventar la deuda y recuperar el inmueble con el precio del arrendamiento (adecuado a sus recursos) y con el pago final del precio de la opción de compra preestablecido. En tercer lugar, en materia de salarios públicos, creo necesaria una ley estatal de remuneraciones de cargos electos, armonizando los conceptos y los importes económicos según la tipología de administraciones pero, en cualquier caso, impidiendo que una administración territorial de corte local pueda remunerar a sus cargos políticos por encima de otras de mayor envergadura política, económica y social. Por ejemplo, en Catalunya, no parecen justos nuevos recortes salariales, por moderados que sean, cuando el Presidente de la Generalitat o el Alcalde de Barcelona tienen una retribución mayor que la del Presidente del Gobierno de España y con esto no abogo por la homologación de ésta a la de aquellos. El esfuerzo de los funcionarios públicos cada vez más reducidos en número – lo que ya es un ingreso- debe tener su compensación y no recortes. Me atrevo con una alternativa. Si el Estado devuelve el dinero recibido de los bancos con intereses no parece ilógico ni descabellado pensar que algo parecido podría hacer con el dinero recortado a sus empleados. El Estado bien pudiera convertir el importe reducido en un tipo de deuda singular a devolver en un plazo determinado y con un interés concreto e inferior al que paga a las entidades bancarias. El uso de esta técnica debe servir para disminuir el recurso a la deuda pública bancaria con los efectos subsiguientes sobre el/los Mercado/s (al final quien acude a los Bancos son los propios ciudadanos). Y si se actúa sobre los sueldos no ha de considerarse improcedente actuar sobre los meritados en el sector bancario. El origen de la crisis permite establecer un cargo en las nóminas generadas por aquellas entidades y que podría denominarse de reducción de déficit a cargo de las entidades financieras que tenga como base las remuneraciones de sus dirigentes y empleados cualificados. Evidentemente, este cargo temporal ha de ser compatible con las tasas que pueda aprobar la UE en relación con las transacciones bancarias y bursátiles. En cuarto lugar, a pesar de que se habla del Mercado Laboral, como un ángel salvador y, por tanto, no se descubren sus déficits sino que se alaban sus virtudes sobre la contratación, también hay que mejorar sus estructuras para que el dinero público revierta solo en aquellas sólidas y permanentes alejadas de la ocupación provisional por numerosa que sea. Se debe promover aquella comprometida con el país, con sus trabajadores y con el medio ambiente (responsabilidad social) capaz de hacer cómplices de la gestión empresarial a los trabajadores (cogestión) coparticipando de sus resultados positivos o negativos. El apoyo público ha de ser académico y formativo sin renunciar a dar ocupación pública a quien perciba indemnización pública de desempleo y a cargo de esta. Los licenciados universitarios formados – Europa les ha quedado pequeña- pueden contribuir al desarrollo y al impuso de empresas en crisis pero con objetivos viables. Hay que adoptar medidas para que el cierre empresarial no sea decisión exclusiva de un ciudadano ni de un consejo de administración que aquel pueda dirigir y todo ello antes de la intervención de los Juzgados y Tribunales. En quinto lugar hay que sentarse con las Comunidades Autónomas para enjugar el déficit público que deriva de la descoordinación y la duplicidad de estructuras administrativas (incluidas embajadas), la repetición de subvenciones y para asegurar que donde empiezas tú y acabo yo es del todo acertado y necesario. Finalmente, decir que la UE está obligada a mantener permanentemente su credibilidad. Es hora de sentarse para ratificar y asentar la voluntad constructiva de la UE y de concretar un Acuerdo específico para configurar soluciones ante crisis como la actual como la de prever salidas provisionales controladas sin renunciar al uso de euro aunque pueda tener, temporalmente, un valor diferente en los países afectados, en no permitir actuaciones antieuropa y menos desde dentro, en impedir que se actúe sobre los Estados desmantelando el poder de decisión de sus Parlamentos y para evitar que se ponga en peligro, torticeramente, la gestión económica de los Estados especialmente, la tutelada por los órganos de control de la UE creando de ser necesario sus específicas agencias de calificación. La ayuda de terceros, como la del FMI, no debe evitar la previsión normativa de medidas porque siempre es importante acertar en el momento en que han de intervenir unos y otros. En cualquier caso, la calle debe estar pacífica y respirar ilusión con el establecimiento de medidas encaminadas al empleo, al avance proporcionado de sueldos y precios y a la mejora del consumo. fperezl@ya.com (no autorizado el envío de publicidad).

25-11-2011Enviado por FERRAN PEREZ

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